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Javier San Vicente Maeztu 

Activista en defensa de los derechos humanos


25/08/2017

El próximo 26 de noviembre de 2017 se celebrarán en Honduras elecciones en las que se elegirá Presidente, Congreso Nacional y gobiernos locales. Los comicios, que se celebrarán en un contexto de alta polarización política y social, podrían generar un aumento de las tensiones al interior de la sociedad hondureña, debido a las dudas que existen sobre su transparencia, y a que el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se está presentando nuevamente como candidato presidencial de su partido, en violación flagrante de lo establecido en la Constitución. Pero para comprender que es lo que está ocurriendo en Honduras, es necesario realizar un análisis retrospectivo de la situación.

Desde principios del siglo XX, el sistema político hondureño se distinguió por su carácter bipartidista: por más de 100 años gobernaron alternativamente el Partido Liberal o el Partido Nacional. Durante este período, este sistema político se convirtió en uno de los más corruptos del planeta, llegando Honduras a ser calificada despectivamente como república bananera, debido al poder corruptor que las compañías bananeras extranjeras ejercían sobre ambos partidos. La llegada del dinero del narcotráfico en los años setenta, vino a corromper todavía más el ambiente político, y conllevó la consolidación de fuertes vínculos entre sectores de las élites políticas, castrenses y empresariales con los grandes cárteles de la droga a nivel nacional e internacional.

En este contexto, los partidos liberal y nacional fueron configurando un sistema clientelar que les permitió instrumentalizar las instituciones públicas en su favor. De esta forma, ambos partidos lograron utilizar los recursos del Estado para financiar sus campañas políticas y crearon una red de colaboradores remunerados (en la mayor parte de los casos con dinero público) dedicados a movilizar a los sectores más desfavorecidos de la sociedad hondureña, mediante engaños, pequeños regalos o pura y simple intimidación para que votasen en favor de los candidatos de sus partidos en las elecciones. Entre las funciones de estos activistas también se contaba con la realización de fraudes mediante introducción de votos en las urnas, la provocación de actos de violencia en las jornadas electorales y todo tipo de artimañas dirigidas a favorecer al partido al que pertenecían. En la actualidad, estas redes clientelares siguen existiendo en Honduras, aunque su forma de actuar se ha perfeccionado con los años.

Este sistema bipartidista clientelar mostró una gran fortaleza durante la primera década del siglo XXI. Sin embargo, el golpe de Estado cívico-militar del 28 de junio de 2009, ejecutado contra el gobierno liberal de Manuel Zelaya Rosales supuso el inicio de su declive. En las elecciones que se celebraron a finales de ese año salió triunfante el Partido Nacional, fortalecido ante la implosión de su rival tradicional, el Partido Liberal, definitivamente fracturado. Los cuatro años del gobierno del nacionalista Pepe Lobo estuvieron marcados por la corrupción, el empeoramiento de todos los indicadores sociales y económicos, por el incremento de la violencia (en 2012 Honduras llegó a tener la tasa de homicidios más alta del mundo) y la fuerte presencia del crimen organizado en el país (según un informe del Departamento de Estado de EE.UU. de 2012, en esa fecha el 79% de los vuelos que transportaban cocaína de Suramérica a Estados Unidos hacia escala en Honduras).

En noviembre de 2013 se celebró otro proceso electoral, en el que nuevas fuerzas políticas por primera vez iban a disputar el poder a los dos partidos tradicionales. Tras los resultados ofrecidos por el TSE, en las que se dio por vencedor a Juan Orlando Hernández (JOH) y al Partido Nacional, surgieron numerosas denuncias de fraude electoral. Las dudas sobre la legalidad del proceso provenían principalmente de dos nuevos partidos políticos: Libertad y Refundación (LIBRE), y el Partido Anticorrupción (PAC). Ambos movimientos políticos nacieron como consecuencia del rechazo de la sociedad hondureña al golpe de Estado de 2009 y a la corrupción. Mientras LIBRE representa a sectores populares y maneja un discurso izquierdista, el PAC sedujo a una parte de las clases medias urbanas, cansadas de la corrupción y el abuso de poder, mediante un discurso de regeneración política.

Los resultados oficiales de la contienda electoral de 2013 posicionaron a LIBRE como el principal partido de la oposición con el 28.78% de los votos (superando ampliamente el 20.30% obtenido por el Partido Liberal). El PAC fue el cuarto partido más votado. Sin embargo, estos resultados no fueron aceptados por los partidos de oposición, que denunciaron la existencia de fraude, facilitado por su falta de representación en las instituciones garantes del proceso electoral, principalmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Registro Nacional de las Personas (RNP), controlados por el bipartidismo. El gobierno justificó la falta de representación de LIBRE y PAC en ambas instituciones en el hecho de que se trataba de partidos sin presencia en el Congreso Nacional, por ser la primera vez que participaban en unas elecciones. Este agravio a los partidos de oposición, injustificable en una sociedad democrática, fue perpetuado más allá de 2013. Mediante una maniobra inédita y antes de la toma de posesión del nuevo Congreso Nacional elegido en 2013, el congreso saliente, dominado por el bipartidismo, nombró en su última sesión en abril de 2014 nuevas autoridades del TSE y el RNP con 5 meses de antelación al plazo previsto y para un periodo de 5 años, dejando sin representación en estas instituciones a LIBRE y PAC para los siguientes 5 años.

La fuerte irrupción de nuevas fuerzas políticas en 2013 llevó al Partido Nacional y al Partido Liberal a reforzar su vieja alianza para tratar de salvar el sistema bipartidista. En este contexto, un Juan Orlando Hernandez fortalecido logró el apoyo clave del Partido Liberal para nombrar una Corte Suprema de Justicia a su medida, que a su vez le ha permitido optar a la reelección, violentando de manera evidente la constitución hondureña. Asimismo, durante estos cuatro años las bancadas de los partidos LIBRE y PAC en el Congreso Nacional han ido sufriendo importantes bajas de diputados (9 de los 37 diputados de libre y 4 de los 13 diputados del PAC), que han pasado a apoyar los proyectos del gobernante Partido Nacional en contra de la disciplina de sus respectivos partidos. La culminación de una legislatura plagada de autoritarismo, corrupción y opacidad ha venido con la destrucción del PAC, urdida en coordinación entre las autoridades del TSE y la diputada tránsfuga Marlene Alvarenga. 

Mediante una maniobra de carácter “legal” y tras un conflicto entre los líderes del PAC y el TSE por la celebración de las elecciones primarias del partido a principios de 2017, la diputada Alvarenga, que ya había votado en contra de la disciplina de partido en varios proyectos clave del gobierno de JOH, logró hacerse con el control del PAC, realizando un proceso de elecciones primarias con bajísima participación y en las que se presentó solo ella. Frente a este contexto, los dos nuevos partidos opositores (LIBRE y PAC) han decidido unir sus fuerzas junto con otro pequeño partido (PINU) mediante la creación de la denominada “Alianza Opositora contra la Dictadura”.

El riesgo de confrontación social tras las elecciones de noviembre es una posibilidad nada desdeñable en Honduras. Para alimentar la polarización existente en el país y las dudas sobre la fiabilidad de las elecciones se dan múltiples circunstancias entre las que se destacan las siguientes:

Cultura de opacidad del actual gobierno:

La forma más segura de hacer un fraude sin ser descubierto es no ser transparente. Y eso es lo que hace el gobierno hondureño. Para ello cuenta con instrumentos legales, como la Ley de Secretos, mediante la cual puede reservar información al público de cuantas instituciones decida el presidente (16 en la actualidad, entre la que se encuentra el Registro Nacional de las Personas, clave para garantizar la transparencia de las elecciones). La aplicación de esta ley no solo podría facilitar potencialmente la alteración del censo electoral elaborado por el RNP, si no que podría ser utilizada para desviar fondos para financiar la campaña de reelección o para la compra de votos. En la actualidad existen además varios fideicomisos en Honduras que el gobierno maneja de manera opaca. Entre ellos destaca el de la tasa de seguridad, que administra un impuesto creado por el actual gobierno supuestamente para luchar contra la delincuencia a través de estrategias represivas y que  maneja fondos anuales superiores a los 100 millones de USD, cuenta con capacidad de endeudarse y cuyo manejo ya ha sido altamente cuestionado. Entre las denuncias generadas alrededor de la tasa de seguridad destaca la de un periódico hondureño que asegura que mediante este fondo se contrató a un equipo italiano de hackers que diseñaron un sistema para espiar a la oposición.

Falta de independencia de organismos fiscalizadores de elecciones:

El nombramiento de las autoridades de TSE y RNP, excluyendo a los principales partidos de la oposición al bipartidismo, es una clara muestra de la falta de independencia de estas instituciones. En las denuncias por el manejo partidista del RNP se menciona que esta institución podría estar facilitando varias formas de fraude electoral. Se ha denunciado por ejemplo el traslado de votantes de un municipio a otro a través de la emisión masiva de cédulas por parte del RNP. De ser ciertas estas denuncias, estas cédulas podrían estar siendo utilizadas para facilitar que activistas de los partidos políticos voten en lugar de personas fallecidas o que no residen en el país.  En las últimas semanas, activistas opositores se han tomado varias de las sedes del RNP en el país para denunciar este tipo de maniobras.

A través de la utilización fraudulenta de cédulas se podría realizar un fraude de grandes proporciones, especialmente debido a las dudas sobre la fiabilidad del censo electoral manejado por el RNP y el TSE. Según el informe final sobre las elecciones generales de 2013 elaborado por la Misión de Observación electoral de la Unión Europea, hace 4 años este censo contenía “alrededor de un 30% de las entradas”  correspondientes a fallecidos o emigrantes. Si las inconsistencias en el censo de 2013 nunca fueron depuradas, genera todavía mayores suspicacias el hecho de que el censo para estas próximas elecciones (2017) incluya a más de 1,000,000 de nuevos votantes (6.5 millones en total), suponiendo un aumento del 21.37% con respecto a 2013. Este aumento tan brusco no encaja con los aumentos observados en el censo en los anteriores procesos electorales de 2013 (16.13%), 2009 (15.78%) y 2005 (15.85%).

Tráfico de credenciales y posibilidad de duplicación del voto

Otro tema que genera preocupación está relacionado con el tráfico de credenciales electorales. Estas son entregadas a representantes de los partidos políticos, con la idea de garantizar que todos los partidos que se presentan a las elecciones tengan dos representantes en cada una de las más de 16,000 mesas electorales receptoras (MER) del país. El problema es que el TSE entrega a cada partido dos credenciales por cada MER, pero las credenciales van sin nombre. Solo llevan escrito el partido al que están vinculadas. Por dar un ejemplo, el partido FAPER recibirá más de 32,000 credenciales electorales sin nombre, una cantidad mucho mayor al número de votos que recibió en las elecciones de 2013 (3,117 para ser exactos). Lo mismo ocurre con otros partidos como Unificación Democrática (UD), Vamos, Alianza Patriótica, Democracia Cristiana (DC) y el PAC de Marlene Alvarenga. Esta forma de entrega de credencias facilitaría que estos pequeños partidos se lucren vendiendo estas credenciales al mejor postor, o simplemente se las entreguen al Partido Nacional, que ha sabido realizar múltiples alianzas con ellos.

Como prueba de la sumisión y dependencia de estos pequeños partidos al Partido Nacional, basta mencionar que el anterior candidato presidencial de FAPER es el actual Embajador de Honduras en Cuba, o que la DC y la UD han formado parte activa del gobierno de Juan Orlando Hernández. A lo que ocurrió con el PAC de Marlene Alvarenga ya nos referimos anteriormente. El nuevo partido Vamos está formado por un antiguo líder de la DC y diputados expulsados de LIBRE por votar en favor de los proyectos de Juan Orlando Hernández en el Congreso Nacional. 

Y el partido Alianza Patriótica es un pequeño grupúsculo de extrema derecha que fue en su momento disuelto (junto al FAPER) por el TSE por no haber obtenido el número mínimo de votos que exige la ley para seguir existiendo, y que fue convenientemente resucitado por la CSJ controlada por el actual gobierno para poder presentarse a las elecciones de 2017. Todo esto parece indicar que, en caso de conflicto durante el escrutinio en las mesas electorales, el Partido Nacional contará con mayoría de afines y podrá imponer su criterio (las decisiones se toman por mayoría).

Existe un elemento extra con relación a estas credenciales. Los poseedores de las mismas (2 por partido y mesa y cuyo nombre se podrá escribir a mano en la credencial el mismo día de las elecciones) tienen derecho a votar en la mesa electoral en la que estén ubicados. Lo que ocurre es que esto posibilitaría que dichos representantes puedan votar dos veces: en la mesa en la que están ubicados como representante de partidos, y en la que les corresponde domiciliariamente. El hecho de que se vayan a entregar más de 320,000 credenciales de este tipo podría provocar un fraude de tamaño considerable. Este podría evitar de manera sencilla, obligando a los partidos a presentar el listado de personas que van a recibir las credenciales para que el TSE proceda a sacar a estas personas del censo, evitando que puedan votar dos veces. El Partido Nacional se ha negado a ello, y ha pretendido dar por zanjado el problema entregando el listado de sus propios representantes, pero no exigiendo a los pequeños partidos que hagan lo mismo.

Otros problemas

A los problemas citados anteriormente se suman otros, como la compra directa de voto, documentada por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH y el Instituto Nacional Demócrata, a través de un estudio, que lanzó datos tan reveladores como que un 49% de los entrevistados aseguró haber sido testigo de compra de votos durante los comicios de 2013. En el mismo informe se especifica que por sus consolidadas estructuras clientelares, esta modalidad de fraude es fundamentalmente cometida por el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Otros problemas tienen que ver con la financiación ilegal de campañas, ya sea con dinero del narcotráfico o público (desfalco del IHSS); la utilización de hackerspara manipular campañas electorales; o la utilización de normativas para someter a los medios de comunicación a los interés del gobierno. La prácticamente inexistente judicialización de casos de delitos electorales favorece sin duda que se puedan cometer fraudes de grandes proporciones.

Falta de voluntad de implementar reformas electorales

Seria relativamente sencillo implementar diversas reformas electorales para evitar algunos de estos riesgos de fraude. La Alianza Opositora y el Partido Liberal vienen planteando varias medidas que el Partido Nacional se niega a llevar adelante. Entre ellas destaca la utilización de lectores de huellas dactilares en los centros de votación para evitar la utilización fraudulenta de cedulas de identidad, obligar al TSE a entregar credenciales a los partidos, solo si presentan un listado con el nombre de estos, la inclusión de representantes de los principales partidos en las directivas del RNP y el TSE; la no contratación de la empresa MAPA Consultores para realizar el recuento de votos por sus vínculos directos con el Partido Nacional, o la prohibición de realizar cambios de domicilio a efectos electorales durante el año anterior a un proceso electoral, entre otras.

Las posibilidades de que acontezca un gran fraude electoral son palpables. En este contexto, la Unión Europea ya manifestó sus dudas acerca de enviar una misión de observación electoral para estos comicios, lo cual supone un riesgo adicional para la fiabilidad de los resultados. En la actualidad se están realizando esfuerzos para lograr evitar o reducir el fraude lo más posible. Desde sociedad civil se ha creado la plataforma Observación 26-N, que trata de unificar esfuerzos independientes. 

Desde la Alianza Opositora se ha organizado además la denominada “Operación Antifraude”, en el marco de la cual se espera evitar que voten personas fallecidas o ausentes.
Sin embargo, la escasez de medios materiales de estas iniciativas y la total falta de implementación de reformas electorales no garantiza la transparencia de las elecciones. 

Es por estas razones que resulta imprescindible que que tanto la sociedad hondureña como la comunidad internacional presionen de manera efectiva al gobierno hondureño para que apruebe a tiempo reformas legales que garanticen que este proceso electoral sea lo más limpio y transparente posible. 

De otra forma nada garantiza que las elecciones que se celebren en noviembre desemboquen en una nueva crisis política con consecuencias profundamente negativas para Honduras.


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