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Martes 02 de mayo de 2017

Tegucigalpa. Hoy a las 12:00 de la noche vence el plazo para que los funcionarios y empleados presenten ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) la actualización anual de la declaración jurada de bienes.

La Ley Orgánica del TSC establece que durante los meses de enero, febrero, marzo y abril los servidores públicos obligados deberán presentar, en la sede del ente contralor del Estado, la respectiva actualización anual de su declaración jurada de ingresos, activos o pasivos, hayan tenido o no modificación en sus puestos o salarios.

La Secretaría General del TSC informó que en vista que el día 30 de abril, fecha límite establecido en la Ley Orgánica del TSC para actualizar la Declaración Jurada de Bienes, es domingo y por lo tanto un día inhábil, corresponde trasladar el plazo para el martes 2 de mayo. 

Ese día la Unidad de Recepción de Declaraciones del TSC laborará en horario extendido, es decir hasta las 12:00 de la noche, tanto en la sede central en Tegucigalpa, como en las oficinas regionales de San Pedro Sula, La Ceiba y Santa Rosa de Copán.

Esta Ley dispone que están obligados a presentar la declaración jurada de bienes los funcionarios que devenguen un salario igual o mayor a 30,000 lempiras o aquellos que aún sin devengar dicha cantidad manejen, custodien, administren o tengan a su cargo bienes o fondos del Estado.

El TSC advierte que la omisión de cumplir con este deber legal dará lugar a la imposición de una multa equivalente a 5,000 lempiras.

Además, el Reglamento de la Ley Orgánica del TSC establece que quien omita este deber quedará en suspenso en el desempeño del cargo o empleo sin goce de sueldo, hasta que cumpla con la obligación, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas o penales que fueren procedentes.


El TSC recuerda a los auditores internos de cada una de las instituciones públicas que deberán velar por el estricto cumplimiento de este mandato legal, solicitando a la Dirección o Departamento de Recursos Humanos de cada Institución, copia de la constancia que acredite a cada funcionario el haber cumplido esta obligación.

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