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Miércoles 24 de mayo de 2017

SAN SALVADOR (AP) -- Un juez de El Salvador condenó a 390 años de cárcel a cada uno de los siete pandilleros que asesinaron a once trabajadores en 2016.

Los miembros de la pandilla Barrio 18 fueron condenados el miércoles a 35 años de cárcel por cada uno de los homicidios y cinco más por el delito de agrupaciones ilícitas, sumando 390 años de prisión. Sin embargo, la legislación salvadoreña determina que la pena máxima a cumplir es 60 años.
Los imputados no asistieron al juicio en la capital salvadoreña pero participaron desde las cárceles donde están por medio de video conferencia.

En octubre de 2016, un juzgado de menores declaró responsables penalmente a dos adolescentes por participar en la misma matanza y les impuso cinco y 15 años de internamiento, los cuales cumplen en un centro de menores.

En su declaración, uno de los imputados declaró que no planearon la matanza. Los pandilleros del Barrio 18 llegaron a la zona para matar a miembros de la pandilla rival de la Mara Salvatrucha (MS 13), que supuestamente habían matado a miembros de su agrupación, pero se encontraron con los trabajadores y terminaron asesinándolos para no dejar testigos.

La matanza ocurrió el 3 de marzo de 2016, en el cantón Agua Escondida del municipio San Juan Opico, a 43 kilómetros al noreste de la capital, cuando ocho trabajadores de una empresa eléctrica llegaron al lugar para colocar postes para el tendido eléctrico de la zona. Para unos, éste era el primer día de trabajo y encontraron la muerte.

Los pandilleros que andaban en busca de sus enemigos de la Mara Salvatrucha, primero se toparon con tres campesinos, a los que tiraron al suelo boca abajo y amarraron de las manos. Después sometieron a los ocho trabajadores. Asesinaron a diez con armas de fuego y otro con arma blanca.
Semanas después de la matanza, circuló un video en redes sociales en el que se podía observar que los trabajadores estaban tirados boca abajo cuando uno de los delincuentes, con machete en mano, decapitó a una de las víctimas.

La matanza estremeció al país y el gobierno puso en marcha una serie de medidas extraordinarias que arrancaron al decretar estado de emergencia en varias cárceles y aislaron a los cabecillas de estos grupos criminales.

Días después, la Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas extraordinarias que afectan el sistema penitenciario y autorizó a las autoridades para someter a aislamientos severos a estos criminales. También le otorgó mayores facultades al gobierno para evitar las llamadas telefónicas desde los centros penales y se aprobaron medidas severas para las empresas telefónicas que no acaten la orden de bloquear las señales en los alrededores de las cárceles.

Las autoridades dicen que las órdenes de homicidios, extorsiones y otros delitos salen de las prisiones donde se encuentran los principales cabecillas de las maras o pandillas.

También desplegó un contingente de militares y policías de las fuerzas elites para buscar y desmantelar los grupos de pandillas que se han desplazado a las zonas rurales.

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