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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS INFORMA A LA SOCIEDAD EN GENERAL:

1).- Como Ente rector del Sistema de Control, dentro de nuestras atribuciones, nos compete la          determinación del enriquecimiento ilícito, así como el establecimiento de un sistema de transparencia en la gestión de los servidores públicos, tal como lo establece la Constitución de la República y Su Ley Orgánica.

2).-  El Pleno de Magistrados que asumió el 8 de diciembre del 2016, está consiente de la demanda de la sociedad y la deuda histórica de responder a las expectativas de los diferentes sectores en materia de lucha contra la corrupción y la promoción de la probidad y ética del servidor público.

3).- Como resultado de lo anterior, en tiempo record (en  tres  meses ), se han concluido tres  (3) casos de investigación sobre enriquecimiento ilícito, entre ellos; el expediente del Señor Director de la Policía Nacional, Comisionado General Félix Villanueva,  Sub Comisionado Javier Díaz Herrera, Director de la Academia Nacional de Policía (ANAPO)  y el Comisario de Policía Selvin Mayes Ríos, asignado como oficial de planta de la Dirección Logística de la Policía, es decir dos (2)  de estas  investigaciones se han  efectuado en tan solo 60 días, reduciendo sustancialmente el tiempo promedio de duración que históricamente ha representado estas investigaciones.

4).- Existen 5 investigaciones con indicios de enriquecimiento ilícito, de los cuales se  emitirá  informe provisional, los cuales serán notificados a los investigados, para que estos hagan uso de los recursos   que la Ley les confiere.

5).-  En los 4 meses de gestión del actual pleno, este Ente de control ha priorizado la conformación de
una unidad especializada en la investigación de enriquecimiento ilícito; con mayor personal, herramientas de trabajo y medios para profundizar los diferentes aspectos de las investigaciones de enriquecimiento ilícito.

6).- Entre los obstáculos y debilidades que hemos podido identificar para que la institución cuente con las herramientas y competencias para agilizar las investigaciones de este tipo de delito, uno de ellos, es que no existe una base de datos centralizada de los bienes que poseen los servidores públicos, a excepción de la información que consolidan en su  declaración jurada,  por lo que se requiere verificar la autenticidad de la información de los investigados, prácticamente de forma manual y en una cantidad de instituciones tanto nacionales como de otros países, cuando el investigado tiene bienes en el extranjero.

7).- No obstante lo anterior nos anima y motiva, validar que con iniciativas  y toma de decisiones oportunas, así como el apoyo de la comunidad internacional, podemos implementarlas acciones que nos  conduzcan a corto plazo a dar resultados contundentes; en esa línea será muy significativo
el apoyo financiero del Programa de Cuenta del Desafío del Milenio, quienes facilitaran la contratación de un experto internacional en enriquecimiento ilícito,  quien brindara la asesoría
en la revisión técnica y legal del proceso  de investigación que actualmente se realiza, lo que redundará en la mayor profesionalización de la Unidad.

8).-  Se tiene referencia de  países de Latinoamérica, como  Perú, Chile, Costa Rica, Panamá  y otros, que las investigaciones patrimoniales efectuadas, se realizan en un periodo aproximado entre 12 y 18 meses, pudiendo dicho periodo ser prorrogado dada la complejidad de la investigación o del sujeto investigado, dichas investigaciones siendo realizadas por diferentes órganos entre ellos ; contralorías, procuradurías, ministerios públicos, y comisiones especiales de congresos nacionales y en otros casos la combinación de ambos.

9).- Por todo lo expuesto este nuevo Tribunal Superior de Cuentas a través del pleno de Magistrados
reafirma su compromiso y voluntad de adoptar las acciones que sean necesarias, para fortalecer el sistema de control y ha definido una nueva agenda que establece los lineamientos estratégicos que vendrán a impactar en la gestión y el cumplimiento del mandato constitucional, misma que está siendo socializada con los diferentes actores: organismos internacionales, Congreso Nacional, gobierno central, sociedad civil, entre otros en la lucha contra la corrupción.

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