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Miércoles 12 de abril de 2017

Exclusiva AP

PUERTO PRÍNCIPE, Haití (AP) — Entre las ruinas de un paraíso tropical donde alguna vez personalidades del jet set disfrutaron copas de ron bajo el sol caribeño, muchos niños y niñas abandonados buscaban sobrevivir.

Los menores mendigaban alimentos y buscaban comida entre desperdicios, pero nunca juntaban lo suficiente para calmar su hambre hasta que un contingente de cascos azules de la ONU se instaló a poca distancia.

Esos hombres habían venido de tierras lejanas, hablaban una lengua extraña y ofrecían a los niños haitianos galletas y otras golosinas.

En ocasiones les daban algunos dólares, pero el precio era alto: los casos azules de Sri Lanka querían tener sexo con niñas y niños que incluso tenían apenas 12 años.

"Ni siquiera tenía senos aún", dijo una menor, conocida como V01, Víctima Número 1. Ella dijo a investigadores de la ONU que en los siguientes tres años, de los 12 a los 15 años, tuvo sexo con casi 50 cascos azules, entre ellos un "comandante" que le dio 75 centavos.

Contó que a veces dormía en camiones de la ONU, en la base próxima a lo que fue un centro turístico, ahora en total deterioro. La maleza y otras plantas han invadido o devorado los otrora glamorosos inmuebles del lugar.

La justicia para las víctimas como V01, sin embargo, es inusual.

En una investigación sobre las misiones de la ONU en los últimos 12 años, The Associated Press encontró casi 2.000 denuncias contra cascos azules y otro personal del organismo por abuso y explotación sexual, en lo que parece un indicio de una crisis mucho mayor de lo que se conocía hasta ahora.

En más de 300 denuncias las víctimas eran menores, pero sólo una fracción de los perpetradores fue a parar a prisión, encontró la AP.
Jurídicamente, la ONU está limitada para actuar. No tiene jurisdicción sobre los cascos azules y la sanción de los responsables corresponde a los países que aportan los efectivos militares.

La AP entrevistó a presuntas víctimas e investigadores, así como a funcionarios y exfuncionarios de la ONU, y solicitó a gobiernos de 23 países información sobre el número de sus cascos azules que enfrentaban ese tipo de denuncias y las acciones emprendidas, si es que las hubo, para investigarlas.

Salvo raras excepciones, pocos países atendieron las solicitudes de información reiteradas, y en el caso de quienes fueron encontraron culpables sus nombres permanecen bajo reserva, lo cual hace imposible determinar la rendición de cuentas.

Una solución se vuelve inalcanzable por la falta de un acuerdo entre los Estados miembros de la ONU para concretar una reforma amplia y una rendición de cuentas.

Aquí en Haití, al menos 134 cascos azules de Sri Lanka estuvieron involucrados en una red que utilizó sexualmente a nueve menores de 2004 a 2007, de acuerdo con un informe interno de la ONU obtenido por la AP.

Después de la difusión del documento, 114 cascos azules fueron enviados a su país y ninguno terminó en la cárcel.

En marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, anunció nuevas medidas para enfrentar el abuso y la explotación sexual por parte de cascos azules y demás personal de la ONU.

"Digámoslo con una sola voz: No toleraremos que nadie cometa o consienta la explotación ni el abuso sexual. No permitiremos que nadie tape estos delitos con la bandera de la ONU", expresó Guterres.

Sin embargo, esa proclamación sonó penosamente familiar: Hace más de una década, Naciones Unidas encargó un informe que prometía prácticamente lo mismo, pero la mayoría de las reformas jamás se concretaron.

Dos años después de aquellos compromisos, los soldados continuaron abusando de los menores en Haití. Y en años posteriores, han pesado sobre los cascos azules acusaciones similares en todo el mundo.


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