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Martes 07 de julio de 2015 – 08:20 PM

Tegucigalpa, Honduras.- El movimiento social "Oposición Indignada" de Honduras expuso hoy a una misión observadora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) su exigencia de que se cree una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (Cicih), como condición para sentarse en un diálogo llamado por el Gobierno.

"No podemos dialogar con el Gobierno si no acepta la instalación de la Cicih, se lo hemos dicho a la misión observatoria de las Naciones Unidas con la que nos hemos reunido hoy", dijo a Efe Miguel Briceño, uno de los seis coordinadores del grupo que se reunió con los enviados de la ONU.

La reunión se celebró en la Casa de Naciones Unidas en Tegucigalpa, y según indicó Briceño, los representantes del organismo mundial "solamente han venido a escuchar a los diferentes sectores sociales, después presentarán un informe a la ONU en Nueva York y entonces se sabrá si intermediarán en el diálogo".

Los enviados de la ONU conocieron, por escrito, los argumentos de la "Oposición Indignada" para la instalación de la Cicih, lo que se requiere para participar en un diálogo y las razones que, según ellos, deslegitiman la iniciativa del Gobierno.
Los "indignados" exigen una Cicih "con independencia administrativa, técnica, funcional y presupuestaria que funcione con independencia de los tres poderes del Estado de Honduras" y que "cuente con una Agencia Técnica Policial responsable de investigación científica del delito".

Consideran además que la Cicih debe hacer una "persecución penal pública de manera independiente, presentando denuncias ante la autoridad competente y como querellante adhesivo en los procesos penales", según el documento entregado a la misión de la ONU.

La Comisión se debe instalar en Honduras "por un período mínimo de cinco años por dos períodos presidenciales consecutivos para terminar con la impunidad y permitir que la Cicih tome ventaja de toda la información que va a estar disponible cuando se dé el cambio de gobierno", añade la misiva.

La Cicih deberá contar "con el acompañamiento de las instancias internacionales y de organismos de derechos humanos en materia de justicia y derechos humanos".
Además, deberá transparentar "públicamente las hojas de vida de los mentores nacionales e internacionales que proporcionarán la asesoría en la materia", señala el documento.

Unas tres horas antes de la reunión en la Casa de Naciones Unidas, la Policía Nacional "reubicó" a unos catorce manifestantes que desde hace catorce días se han venido sumando a una huelga de hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, para exigir también la creación del organismo.

Aunque los manifestantes alegaban que se trataba de un "desalojo violento", una funcionaria de la Secretaría de Seguridad lo negó.
"Es una reubicación del espacio donde ellos han estado instalados. Se está respetando el derecho a la huelga. El Gobierno lo que está haciendo es rehabilitar la vía", dijo a periodistas la jefe del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, Sagrario Proudoth.

El lugar de la huelga se ubicaba en una calle frente a la Casa Presidencial, vía que ha permanecido cerrada desde hace dos semanas por la manifestación del grupo, que también se denomina "indignados" y exige la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández y sus ministros.

La vía pudo ser abierta después de 6 horas de intentos, debido a que otro grupo de personas, identificadas como miembros de un comité indígena del occidente, cerró el paso en solidaridad con los huelguistas.
El lunes, el presidente recordó que hace dos semanas también propuso "un Sistema Integral Hondureño de Combate contra la Corrupción y la Impunidad (Sihcic), que es un sistema amplio que toma en consideración todos los aspectos necesarios para el fortalecimiento del sistema de justicia en el país".

El sistema incluye cinco áreas, el fortalecimiento y acompañamiento de la labor del Ministerio Público; el fortalecimiento y apoyo a la labor del Consejo de la Judicatura; la creación de un Observatorio de la Justicia y un sistema para el fortalecimiento de la seguridad personal, familiar y patrimonial de jueces y fiscales.
Se suma un sistema de transparencia para las actuaciones del sector privado.

Esa iniciativa global "constituye un solución integral y completa para el fortalecimiento de la aplicación de la justicia en el país", subrayó el dignatario.
"Este diálogo es abierto y sin condiciones. Lo hemos iniciado, es muy diferente a los diálogos tradicionales, en donde siempre participan los mismos actores", subrayó Hernández, quien asumió el poder el 27 de enero de 2014.
Reiteró que su Gobierno quiere "escuchar a todos" los sectores y que por eso también se movilizará al interior del país. EFE

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