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Miércoles 17 de junio de 2015 – 11:40 PM

Tegucigalpa, Honduras - Expresamos nuestra profunda indignación ante el innecesario arresto de Schucri Kafie L. y Juan Madrid. Rechazamos la discriminatoria decisión del Juez de Letras de lo Penal de Francisco Morazán al haber ordenado prisión preventiva para nuestros representantes, a pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por la defensa logrando desestimar la falsa acusación y en adición las garantías que presentamos sobre su intención de someterse al proceso legal y acatar el debido proceso como garantía constitucional.

No entendemos la razón por la cual el tribunal haya dictado esta injusta y excesiva decisión, cuando la defensa ha probado que la acusación es infundada. El informe de la investigación en el que se sustenta la acusación por parte del juzgado carece totalmente de soporte técnico, financiero y legal, y no refleja la realidad de los hechos. Durante la primera audiencia, hemos presentado pruebas contundentes en el que en un juicio imparcial correspondería un sobreseimiento definitivo, por lo tanto rechazamos la decisión del juzgado de dictar estas medidas a nuestros representantes.

Nuestros abogados le han demostrado a la juez que no hay existencia de delito y que su decisión está sustentada en hechos infundados. Acudiremos a todas las instancias nacionales e internacionales para denunciar estos atropellos en donde la institucionalidad, seguridad jurídica y objetividad de los jueces está en entredicho.

Firmemente exigimos las suspensiones de la prisión preventiva de los señores Schucri Kafie L. y Juan Madrid y el cumplimiento de la normativa que establecen la constitución y las demás leyes sobre el debido proceso, derecho a la defensa y presunción de la inocencia, de las que gozan todos los hondureños según el Artículo 89 de la Constitución de la Republica. Asimismo, hacemos un llamado de atención al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, entre otras instituciones internacionales, de la situación que ahora se ha presentado y que se les han coartado los derechos de los representantes de DIMESA.

Por último, reiteramos que el proceso de adjudicación del contrato entre DIMESA y el IHSS fue objeto de una licitación público internacional, aprobado por la Comisión de Salud, aprobado por el pleno del Congreso, sancionado por el presidente de la Republica y debidamente publicado en el diario La Gaceta.

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