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Miércoles 22 de abril de 2015 – 04:00 PM

WASHINGTON (AP) — El Senado aprobó unánimemente un proyecto de ley para ayudar a las víctimas del tráfico sexual, con lo que puso fin a una disputa sobre el aborto que también demoró la confirmación de la secretaria de Justicia postulada por el presidente Barack Obama.

Por 99 votos a favor y ninguno en contra se aprobó la ley de Justicia para las Víctimas del Tráfico, que amplía las herramientas a disposición de la policía para perseguir a los traficantes y crea un fondo para ayudar a las víctimas. La cámara baja ha aprobado un proyecto similar y la Casa Blanca ha expresado su apoyo.

"No hemos sido sordos a los clamores de quienes necesitan nuestra ayuda, las víctimas del tráfico humano", dijo el senador republicano John Cornyn, de Texas, el principal promotor de la norma por parte de su partido. "La ley será crucial para ayudar a las víctimas del abuso y el tráfico sexual a recuperarse de una vida de esclavitud".
El voto unánime fue la culminación del proceso de aprobación de una ley que al comienzo tuvo amplio apoyo de ambos partidos, pero cayó en un impasse partidista el mes pasado cuando los demócratas objetaron una formulación que según ellos ampliaría las prohibiciones a la financiación de abortos con fondos federales.

Al mismo tiempo, la confirmación de Loretta Lynch como secretaria de Justicia, que contaba con votos suficientes, quedó detenida porque la conducción republicana tomó la decisión, sin explicarla del todo, de demorarla hasta que se aprobara la ley sobre tráfico. Aprobada esta ley, Lynch tendrá el jueves la votación que le permitirá ser la sucesora de Eric Holder y la primera secretaria de Justicia negra de la historia.

Nadie salía bien parado del impasse, y Cornyn junto con los senadores demócratas Harry Reid y Patty Murray elaboraron una solución negociada que anunciaron el martes. Con respecto a las inquietudes demócratas sobre los fondos federales para abortos, la nueva ley divide el fondo para víctimas en dos partes.

Una parte de dicho fondo, constituido por multas pagadas por los traficantes sexuales, no puede ser usado para servicios de salud. La otra parte, que sí sería para servicios de salud, tomaría los 5 millones de dólares asignados por el Congreso a los Centros de Salud Comunitarios, que ya están sujetos a prohibiciones de pagar abortos.

El acuerdo permite a las dos partes reclamar la victoria, ya que los republicanos se aseguran de que el dinero para servicios de salud no se pueda gastar en abortos, y los demócratas pueden decir que impidieron que la prohibición a gastar dinero federal para abortos se extendiera a una nueva fuente de ingresos.

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