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Viernes 17 de abril de 2015 – 08:00 PM

Tegucigalpa, Honduras - El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un informe que evidencia el otorgamiento injustificado de licencias y el pago irregular de salarios a un docente del sistema educativo público.

El ente contralor del Estado emitió el informe No 02/2015-DPC-DCSD relativo a la investigación de una denuncia que se recibió, registrada con No 0804-13-194.

La investigación especial se verificó en la escuela Manuel Bonilla, ubicada en el caserío Tapope de la aldea El Portillo de San Juan Bosco, municipio de Curaren, Francisco Morazán.

En la denuncia se aseveró que el señor Erik Leonel Mejía Ramos docente de la Escuela Manuel Bonilla, no se presentó a cumplir con sus labores desde el 2010 al 2013; aduciendo que tenía licencia con y sin goce de sueldo.

El TSC condujo una investigación especial concluyendo que Mejía Ramos fue nombrado en el cargo de Maestro Auxiliar de la Escuela Manuel Bonilla mediante Acuerdo N° 3700-D.D.EFM-2007, con vigencia a partir del 01 de junio de 2007.

Al docente Mejía Ramos se le otorgó nueve licencias, cinco por enfermedad con goce de sueldo y cuatro sin goce por asuntos particulares, sin evidencia que justifique las mismas.

Se le aprobó licencias por enfermedad, sin embargo, durante la incapacidad se dedicó a estudiar en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.

“El docente Mejía Ramos, efectivamente no cumplió con la jornada de trabajo establecida en su acuerdo de nombramiento, no se encontró registro de asistencia en algunos periodos tal como se confirma en constancia emitida por la directora del centro educativo”, cita el TSC en su informe.

El hecho descrito en el presente Informe ocasionó un perjuicio económico al patrimonio del Estado por la cantidad de 427,205.80 lempiras.

El TSC se basó en la documentación proporcionada por la Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán y la Escuela Manuel Bonilla, durante el proceso de investigación.

El TSC emitirá los pliegos de responsabilidad a funcionarios y empleados de Educación, a fin de reponer el perjuicio económico ocasionado al Estado.

En aras del debido proceso, como el derecho de defensa, los que aparezcan señalados con responsabilidades podrán impugnar el informe notificado el pasado dos de marzo, en un plazo de 30 días hábiles.

El presente informe fue subido a la página web del TSC, donde se podrá obtener mayor información.


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